El Europarlamento abre el proceso para quitar la inmunidad a Puigdemont

El Europarlamento abre el proceso para quitar la inmunidad a Puigdemont

No concluirá hasta febrero como pronto con la votación en el pleno

LA VANGUARDIA | 16 nov 2020

La comisión de Asuntos Legales del Parlamento Europeo inicia esta mañana los procedimientos para levantar la inmunidad a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, un proceso que no concluirá hasta febrero como pronto. En la sesión de hoy, el ponente, el búlgaro Angel Dzhambazki, del grupo ECR, hará una exposición por separado de cada uno de los tres casos, seguido por las intervenciones de los miembros de la comisión.

 

En la próxima reunión, en diciembre, los tres afectados podrán intervenir brevemente, defender sus posiciones y responder a las preguntas de los otros parlamentarios. A continuación, se requerirán otras dos reuniones de la comisión hasta que, en febrero o más tarde, la votación llegue al pleno.

 

La votación sobre el futuro del expresident, Comín y Ponsatí no llegará al pleno al menos hasta febrero

La comisión de Asuntos Legales la preside el diputado de Ciudadanos Adrián Vázquez, y entre sus 25 miembros titulares hay otros cuatro españoles, dos del PSOE y dos del PP. En los debates también pueden participar los miembros suplentes, entre los que hay tres españoles, un socialista, uno del grupo liberal y uno de Vox.

 

Todas las reuniones se celebran a puerta cerrada para garantizar la confidencialidad del proceso. Esta circunstancia paralizó el procedimiento durante ocho meses por las restricciones por la Covid-19, hasta que una decisión de los servicios jurídicos del Parlamento a finales de octubre avaló poder realizar las reuniones vía telemática. Hoy, de forma presencial en el Parlamento solo se espera al presidente y a un mínimo de diputados y funcionarios. El resto intervendrá online. Los tres afectados no tienen acceso a la reunión, excepto cuando les toque intervenir.

 

El equipo jurídico de Puigdemont, Comín y Ponsatí ha avanzado su línea de defensa para impedir el levantamiento de la inmunidad. Por un lado, alegarán que el Supremo no es competente para solicitar el suplicatorio. Por otro, plantearán que el delito de sedición por el que se reclama el fin de la inmunidad no existe en varios países de la UE y se declararán víctimas de persecución política.

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