Desde 1931 a 1943 hubo elecciones fraudulentas. Esta práctica no era nueva ya que desde la segunda mitad del siglo XIX se había convertido en el mecanismo para elección de autoridades en nuestro país. La ley Sáenz Peña de 1912 que establecía el voto secreto, universal y obligatorio, había puesto fin a esta situación ampliando la participación política, situación que llevó al poder a la UCR y al período de gobierno radical (1916-1930). Pero con el golpe de Estado de 1930 las cosas cambiaron: se produce una especie de” vuelta al pasado” o una la búsqueda de "reconstrucción" de algunos de sus rasgos políticos.
Desde el gobierno no había ningún problema en admitir que se realizaban simulacros de elecciones para mantener el poder. Decían que era un "fraude patriótico", porque se hacía para salvar a la patria de la voluntad de unas masas no preparadas para elegir. De este modo, el poder político no surgido por la voluntad popular, justificaba sus actos. Según la postura de la dirigencia política conservadora, el gobierno estaba obligado a falsificar los resultados electorales porque "el pueblo, considerado ignorante, votaría contra sus propios intereses".
En realidad, se defendían los intereses de los poderosos económicamente: los terratenientes. Para que el gobierno pudiera continuar en el poder necesitaba entonces simular elecciones y mostrar los intereses de la clase social dominante como propios de todo el país. Unas elecciones limpias otorgarían la victoria a la UCR, aquel partido que fue derrocado por el golpe del 30 a causa (entre otros) de los mismos grupos.
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