El impacto Ambiental

Por: JDHA.  https://www.significados.com/impacto-ambiental/ Consultado: 4 de abril de 2021, 05:13 pm.

El impacto ambiental es un cambio o una alteración en el medio ambiente, siendo una causa o un efecto debido a la actividad y a la intervención humana. Este impacto puede ser positivo o negativo, el negativo representa una ruptura en el equilibrio ecológico, causando graves daños y perjuicios en el medio ambiente, así como en la salud de las personas y demás seres vivos. Por ejemplo, la contaminación del aire o de los mares con la basura o el petróleo, la contaminación acústica, las guerras, los desechos de la energía radioactiva, entre otros.

La medición del impacto ambiental no se puede hacer con precisión, porque el medio ambiente es un sistema complejo. En la ecología, es posible hacer algunas estimaciones a través del EIA (Environmental Impact Assessment, traducido por Estudio o Evaluación del Impacto Ambiental), que surgió en Estados Unidos en los años 60, y los respectivos Informes de Sostenibilidad Ambiental (ISA), para intentar minimizar el impacto negativo.

La gran mayoría de las actividades económicas implica y conlleva un impacto ambiental. Las industrias energéticas y mineras (por ejemplo, una planta hidroeléctrica o una mina) causan un impacto ambiental. Los desechos y los residuos de las industrias son generalmente desechados o eliminados de tres maneras: en el agua, en la atmósfera o en áreas aisladas.

La industria del petróleo puede tener un impacto muy negativo en los trabajadores de la industria (por medio de explosiones y accidentes químicos), y también en la fauna cuando se producen fugas. Por otra parte, en muchas ocasiones, la contaminación del medio ambiente provoca la contaminación de los alimentos, con un grave riesgo para la salud de las poblaciones. Como la explotación de este recurso es de alto riesgo y crea impactos ambientales, se necesita un permiso ambiental, que impone algunas medidas para reducir estos impactos.

El impacto ambiental es el resultado o la consecuencia de nuestras acciones, y por este motivo es crucial educar a la sociedad para que pueda tener actitudes responsables que causan menos impactos negativos en el medio ambiente.

Impacto ambiental positivo

Un impacto ambiental positivo es el resultado de una regla, una norma o medida que es beneficiosa para el medio ambiente. La restauración o la recuperación de los ríos y de los bosques tienen un impacto ambiental positivo. La construcción de una presa también puede tener un impacto positivo en la fauna y en la flora de una región determinada.

Tipos de impactos ambientales

En base al tiempo que dura el efecto de un impacto ambiental en un lugar determinado, existen una clasificación de cuatro tipos diferentes de impacto ambiental:

• Persistente, que tiene influencia a largo plazo.
• Temporal, que durante un tiempo determinado no tiene unas consecuencias graves, y, por tanto, el medio ambiente se puede recuperar relativamente rápido.
• Reversible, que puede recuperarse el medio ambiente de los daños sufridos, en un tiempo más o menos corto.
• Irreversible, que tiene tanta gravedad y trascendencia que impide por completo que el medio ambiente pueda recuperarse de los daños que el impacto ambiental ha causado.

¿Cómo saber quién deforestó 2.000 hectáreas en Chiribiquete?

Medio Ambiente3 abr 2021 - 8:59 p. m. Por: Juan David Hernández Ariza

Desde el 2018, el Gobierno avanza en una estrategia para frenar la deforestación. A pesar de las críticas de los campesinos que viven y trabajan dentro de las áreas protegidas afectadas, un nuevo enfoque en la investigación espera dar con los principales culpables de la pérdida de bosque en la selva tropical.

La semana pasada hubo una protesta muy poco usual en Bogotá. Una delegación de campesinos e indígenas del Meta, Guaviare, Caquetá, Vaupés y Guainía llegaron a la capital para reclamar por un asunto que desde hace varios meses ha generado tanto aplausos como controversia: la manera en que la fuerza pública está tratando de recuperar la selva amazónica que, tras la firma del Acuerdo de Paz, se convirtió en un botín de usurpadores de tierras. Desde que las Farc salieron de esos bosques la deforestación ha crecido a un ritmo vertiginoso: solo en 2017, un año después de poner en marcha el Acuerdo, Colombia perdió 219.973 hectáreas de bosque. (Lea Equilibrio ecológico, amenazado por la extinción de las especies de animales y plantas)

El reclamo de ese grupo tenía que ver con la Operación Artemisa, la estrategia que la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía, en conjunto con el Ejército y la Policía, puso en marcha desde 2018 para frenar la tala ilegal. Desde entonces, han logrado recuperar 12.358 hectáreas de bosque gracias al trabajo de 22.300 integrantes de la fuerza pública. En ella, el Gobierno ha invertido más de $3.000 millones y su foco han sido doce núcleos de deforestación activa en todo el país. Seis están en la Amazonia.

Pero pese a los resultados, Artemisa, como lo reiteró la comitiva de indígenas y campesinos, ha recibido todo tipo de críticas. ¿La principal? Que, aunque el objetivo es ir tras los principales deforestadores de la Amazonia, las que han resultado enjuiciadas han sido las comunidades locales. Alegan no tener ni tanto ganado ni tantas hectáreas como para ser denominados los “grandes ganaderos” o “deforestadores”.

“Acá los campesinos son dueños de su propia finca y comercializan ganado desde siempre, porque no hay otra forma de trabajar. Este es un territorio abandonado y las comunidades han construido carreteras y puestos de salud de sus propios ingresos para suplir las necesidades insatisfechas”, cuenta Luis Hernández*, líder campesino que vive en las cercanías de los parques naturales Tinigua y Picachos, en la región amazónica.

Sin embargo, para entender la complejidad que esconde la tala ilegal en ese territorio hay que comprender cómo, en medio de la controversia, Artemisa pasó a ser una estrategia que hoy trata de dar con el paradero de “los cuarenta principales”, la lista de las personas que tienen más de cien cabezas de ganado en los Parques Nacionales Naturales de la Amazonia.

En 2018, luego de que el Amazonas fuera declarado sujeto de derechos por la Corte Constitucional, el grupo de protección de los recursos naturales del medio ambiente de la Fiscalía empezó una intensa búsqueda para saber quiénes estaban tumbando la selva. El primer caso fue identificado en San Vicente del Caguán (Caquetá). El capturado fue el ganadero Miller Medina, con fincas en el Parque Los Picachos. En su arresto participaron casi mil personas y fueron necesarios helicópteros y setenta camiones para llegar a áreas remotas y decomisar cerca 700 cabezas de ganado.

Pero su detención y la de otros nueve campesinos fue el inicio de la gran discusión: ¿Se está deteniendo realmente a los grandes deforestadores? Para los habitantes era claro que tanto Medina como los otros capturados vivían en el parque desde hace muchos años, con certificados expedidos por la Alcaldía y juntas de acción comunal. Además de los planes de desarrollo —con construcción de carreteras, escuelas y centros de salud—, los afectados aseguraban que les habían hecho creer que podían asentarse en los límites de las zonas protegidas. Las dificultades empezaban para la Fiscalía. No sería nada fácil probar que los hatos ganaderos eran los culpables de la deforestación.

A pesar de los reclamos, el Gobierno adelantó la Operación Artemisa. Tras censar a más de 200 familias que habitaban en zonas protegidas, el siguiente paso fue cruzar la información con los listados del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) sobre ganado vacunado en los parques de la Amazonia: Picachos, Tinigua, Macarena, Chiribiquete y Nukak. Al filtrar los nombres de quienes registraban más de cien cabezas de ganado se consolidó la lista de “los cuarenta principales”. Sin embargo, apareció otro inconveniente en el camino: los nombres no podían ser tratados como deforestadores, porque la actividad no es un delito. Está catalogada como incendio y solo se puede probar en flagrancia. Ante la complejidad, los costos de los operativos y la dificultad de probar en estrados judiciales que estas personas pagarían alrededor de $1,5 millones por hectárea deforestada mediante quemas, la Fiscalía cambió su estrategia: concentró sus esfuerzos en probar los delitos de invasión a las áreas de especial importancia ecológica y aprovechamiento de los recursos naturales, pues son, según los investigadores, hechos más fáciles de probar. Es ilícito, por ejemplo, que una persona esté dentro de un área protegida o haya ganado pastoreando.

Con esta hipótesis, la Operación Artemisa ya va en su décima fase y casi una cuarta parte de “los cuarenta principales” han sido capturados. El último en caer fue Vidal Rojas Herrera, propietario de la finca La Esmeralda, ubicada dentro del Parque Nacional Natural Tinigua, en inmediaciones de la Serranía de La Macarena. Un hombre que, según la Fiscalía, llegó a vender más de 21.000 cabezas de ganado en dos décadas y utilizaba su predio de 1.139 hectáreas en áreas protegidas para cría y cuidado de cerca de 800 reses.

Además de haber comercializado una gran cantidad de cabezas de ganado, Vidal solía “duplicar” los predios, una práctica común para evadir a las autoridades. Como cuenta un investigador de este caso, los certificados de vacunación del ganado, expedidos por el ICA, están relacionados con dos fincas con el mismo nombre. Una ubicada en el área protegida y la otra fuera de ella.

Su nuevo enfoque es, para algunos expertos, novedoso. “En el último trimestre hubo un enfoque diferencial. En el parque Nacional Chiribiquete, por ejemplo, está el lote más grande de ganado de Colombia, con 2.000 hectáreas. Hay una decisión estratégica de dónde hacer y por qué tener esas tierras. Esa ubicación está al lado de donde bombardearon a alias Cadete. La pregunta es ¿quién tiene la plata para deforestar 2.000 hectáreas? Aquí la decisión es militar y coincide con lugares donde también hay gente vulnerable”, dice un experto que prefiere estar en el anonimato.

Pero más allá de esta estrategia, hay una pregunta sin resolver aún. ¿Quién está detrás de la deforestación y la ganadería extensiva? Según información de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, en los últimos cinco años el hato ganadero en Colombia creció con 800.000 nuevas reses en un área de un poco más de 300.000 áreas deforestadas en la Amazonia. Para poder mantener solo una cabeza de ganado se necesita aproximadamente una hectárea y media, que puede llegar a costar alrededor de $3 millones. Eso quiere decir que deforestar diez hectáreas costaría unos $30 millones, sin contar con el dinero que hay que invertir en mano de obra, en abrir los caminos (en su mayoría de manera ilegal) y transportar material y animales. By: JDHA